Autor: Pietro La Torre Zambrano
I. Introducción
Las guerras de independencia dejaron a nuestro país en una situación sumamente crítica tanto económica como socialmente. Y la era de los caudillos no permitió sentar las bases de nuestra República de manera sólida, sino que, por el contrario, significó una permanente inestabilidad política: los golpes de Estado eran el pan de cada día, los levantamientos eran continuos y los Jefes de Estado no culminaban su período presidencial. Empero, este contexto cambió hacia 1845, cuando Don Ramón Castilla y Marquesado asumió las riendas del Perú, culminando así una época de anarquía e incertidumbre.
Con el ascenso a la Presidencia de Castilla, el Estado peruano logró institucionalizarse, en gran medida, gracias a los ingresos proporcionados por la venta del guano que se encontraba en las islas ubicadas en la costa sur del Perú. De esta manera, se inauguró una nueva etapa en nuestra historia republicana que Jorge Basadre bautizó como “la prosperidad falaz del guano”. Esta era se caracterizó por el súbito enriquecimiento del Estado que, lamentablemente, implicó un gasto desordenado que desembocó en una severa crisis económica entre 1875 y 1878, previa a la Guerra con Chile. Un claro ejemplo del gasto inadecuado de las arcas estatales fue la consolidación de la deuda interna, donde gran parte del dinero destinado a ésta llegó a manos privadas por medios oscuros.
II. Antecedentes
Como toda guerra, la contienda bélica independentista fue muy costosa: los gastos de la emancipación afectaron a todos los estratos de la sociedad peruana. Hubo gran cantidad de confiscaciones, se obligó a los grandes comerciantes y hacendados a pagar grandes sumas de dinero para la campaña emancipadora, las levas (el reclutamiento de carácter obligatorio de la población civil para participar en los conflictos bélicos) redujeron en la productividad de los latifundios, y las tierras de cultivo y cría de ganado quedaron devastadas. Por lo tanto, la economía del Perú, al iniciar su vida independiente, se encontraba en una situación verdaderamente catastrófica.
Adicionalmente a este tipo de deuda, se encontraba la situación impaga de gran número de préstamos que algunos negociantes otorgaron al Estado entre 1830 y 1840, lo que causó que se perdiese la confianza en el crédito nacional. Además, los comerciantes peruanos se encontraban resentidos con el Estado debido a su predilección por los capitales extranjeros. A fin de aplacar los sentimientos de postergación de los comerciantes peruanos y formar una burguesía nacional, se promulgó la Ley de la Consolidación.
En este sentido, la Ley de la Consolidación fue un mecanismo para transferir el dinero del Estado a manos privadas con el objetivo de que sean ellos quienes enrumben el Perú hacia el desarrollo y reactiven la economía nacional. Ocurría que, gracias a los importantes ingresos que proporcionó el guano al fisco, el Estado contaba con una enorme cantidad de dinero que, a causa de la falta de preparación de los burócratas, no sabía cómo utilizar en beneficio del país. Por ello, se optó por saldar la deuda interna a fin de construir una base importante para la formación del desarrollo económico del Perú.
III. La Ley de la Consolidación
El 16 de marzo de 1850, durante el primer gobierno de Ramón Castilla, se promulgó la Ley de la Consolidación, con la que el Estado se reconocía como deudor y se comprometía a pagar los montos estipulados. No podemos negar que las intenciones de la Ley de la Consolidación eran bastante nobles y contaban con un carácter justo; sin embargo, pronto este dictamen presentó dos grandes defectos: primero, no se establecieron preceptos claros sobre el reconocimiento de las deudas; y segundo, no se detallaron las condiciones adecuadas para ser saldada.
En consecuencia, pronto ello derivó en un gran escándalo de corrupción. Muchos fueron los casos en los que gran parte de la deuda reconocida era repartida entre los burócratas intermediarios. Asimismo, hubo quienes cometieron la bajeza de falsificar la firma de los Libertadores San Martín y Bolívar. En 1851, la deuda fue calculada en cinco millones de pesos; no obstante, en 1852, durante el gobierno de José Rufino Echenique, el dinero destinado al pago de la Consolidación se infló hasta llegar a veinticuatro millones, cinco veces el valor del presupuesto nacional de aquellas épocas. En total, 2028 personas recibieron vales de consolidación. Empero, tan sólo las 126 primeras acumularon dos tercios del total del dinero destinado al pago de la deuda.
Tras tales inconcebibles actos de corrupción pública, Ramón Castilla se levantó en armas contra la administración de Echenique en 1855, y, luego de derrotarlo en la Batalla de la Palma, asumió la Presidencia de la República de manera provisional hasta 1858, cuando fue elegido constitucionalmente, y gobernó hasta 1862. Durante su gestión se determinó que, por lo menos, la mitad de la deuda era cuestionable. Un dato curioso es la inclusión del término “consolidado” en el famoso Diccionario de Peruanismos, escrito por Juan de Arona, donde se definía que tal concepto era utilizado para llamar de manera peyorativa a quienes se enriquecen lićitamente, tal y como ocurrió con la Ley de la Consolidación.
IV. Cierre
El impacto económico de la Ley de la Consolidación, sin embargo, no fue significante. Si bien es cierto que permitió la modernización de la agricultura de la costa norte, actividad económica que permitió el desarrollo económico alcanzado en el Perú durante los años de la República Aristocrática, no se alcanzó el dinamismo económico que se esperaba. Las expectativas no se cumplieron. La riqueza guanera se concentró en pocas manos, y no favoreció a todos los peruanos.
El dinero del guano fue gastado de modo desordenado. El 11.5% de la riqueza guanera fue destinada al pago de la consolidación, siendo la mitad de esta suma, según el gobierno de Castilla, bastante controvertida. Otros gastos de los ingresos proporcionados por el guano fue la construcción de onerosos ferrocarriles que, tristemente, terminó siendo otro proyecto frustrado. Como vemos, el repentino enriquecimiento del Estado peruano significó un gasto inadecuado que derivó en un gran escándalo de corrupción. Ello, sumado a los grandes egresos que implicaron los ferrocarriles y el derroche fiscal en otras costosas obras públicas, originó una severa crisis económica. Ergo, cuando la Guerra con Chile estalló, el Perú se encontraba en una situación verdaderamente complicada.
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